Obviamente, sería casi imposible detallar la multitud de fallos
detectados tanto en el sistema capitalista mundial, como en nuestro sistema
político-económico “made in Spain”. Por ello, me voy a referir especialmente a
dos defectos de gran relevancia en nuestra vida cotidiana. Por un lado muestro
sistema económico-productivo; y, por otro, a la estructura “territorial” de
nuestra organización democrática: las Autonomías.
La espléndida generosidad en el reparto de “café para todos”, que
culmina el cierre del Estado Autonómico en 1992, fue fruto de la euforia de la
“ejemplar” Transición, y de querer contentar a todos con la no discriminación
respecto de las Comunidades Históricas, especialmente, el País Vasco y la
Generalitat catalana. Creo que hubo una excesiva alegría en la cesión a los
gobiernos autonómicos de la responsabilidad y competencia, principalmente, en
lo que afecta a las transferencias de la Sanidad y de la Educación. El tránsito
de un Estado centralista y unitario a otro Estado descentralizado y plural no
estuvo exento de las tensiones propias de las fuerzas centrípetas y centrífugas
identificadas respectivamente con los diversos intereses culturales,
folklóricos, económicos “caciquiles” de cada territorio. No obstante lo
“provisionalidad” en la que quedaron algunos temas en el Título VIII de nuestra
Constitución territorial, tal descentralización ha sido vivida por ciertas
izquierdas como un éxito de la democracia española. No así lo fue para las
fuerzas de derecha. Particularmente creo que la descentralización es la fórmula
que mejor se adapta a la diversidad idiosincrática de nuestra piel de toro. Es normal –así se ha
venido justificando esa adaptación- que las instituciones que tienen que
prestar servicios a los ciudadanos, cuanto más cerca estén de éstos, mucho
mejor. Teóricamente, mayor conocimiento tendrán de las necesidades ciudadanas.
Pero lo malo es que competencias en Sanidad y Educación, cuya diversidad
de matices en su servicio es escasa, sean aprovechadas para hacer “politiquería
bajuna” por parte de los grupos políticos que gobiernan Autonomías de color
distinto al Gobierno Central. En esta especial forma de hacer política es
experta la derecha española, acostumbrada a ser la “dueña del cortijo”. Además
su conducta es incoherente y contradictoria. Pues recaban y asumen las
diferentes competencias, pero sólo como parcelas de poder. Como han puesto de
manifiesto en las sesiones del Congreso su carencia de propuestas para aliviar
los daños sanitarios causados por el virus a todos los ciudadanos, su objetivo
sólo consistía, aprovechando la difícil circunstancia, en tumbar a un Gobierno
progresista legitimado por lar urnas.
Ni en el estado de alarma las
Comunidades perdieron sus competencias exclusivas, aunque aprovecharon tal
circunstancia constitucional, que les obligaba a obedecer al Ministerio de
Sanidad, para inhibirse de su responsabilidad y echarle las culpas al Gobierno
central. Una vez terminado el estado de alarma, en mi opinión precipitadamente,
y en sus manos tienen la plena capacidad de ofrecer soluciones, vuelven a
demostrar su incapacidad. Como he dicho antes, a las derechas solamente les
interesan las competencias, proporcionadas por la descentralización autonómica, en cuanto significan parcela de
poder... En esto es especialista la Comunidad de Madrid, cuya Presidenta y
Consejo de gobierno no pueden ser más inútiles. Se han pasado todo el estado de
alarma presionando al Gobierno Central, y, hasta con falsas promesas de tener
los medios adecuados, consiguieron adelantar la “desescalada”. Y ahora se
encuentran con el verano de paso, tiempo desaprovechado absolutamente, con los
hospitales cada vez más llenos de afectados por el virus, los centros de salud
primaria cerrados, el comienzo escolar con los padres inseguros, y los docentes
amenazando huelgas. Como si no tuviese dinero, pide rastreadores voluntarios
gratuitos. El dinero del que disponen se lo gastan en propaganda. Ya lo
hicieron en el hospital de campaña del Ifema, y ahora lo siguen haciendo con la
construcción en Valdebebas de un hospital “prefabricado”, en unos terrenos
cercanos al aeropuerto de Barajas, por donde, según la obsesión onírica de la
Presidenta, penetran la mayor parte de infectados por el virus. ¡El lugar más
adecuado para construir un hospital!... El presupuesto inicial a repartir entre
sus amiguetes es de 50 millones de euros. En esos terrenos ya hay “enterrados”
en bolsillos amigos más de 100 millones en una proyectada Ciudad de la Justicia
por Esperanza Aguirre. Ese dinero estaría mejor empleado en la contratación de
personal sanitario y auxiliar y en la ampliación y adaptación de los espacios
existentes en el resto de hospitales de la Comunidad. Y este es el modelo de
gobierno del PP si gobernara España. ¡Pobres españolitos!...
Para colmo de desaciertos, nos encontramos con lo que muchos consideran
una intromisión de los jueces en las normas, que, coordinadas con el Ministerio
de Sanidad, vienen aplicando las CC.AA en el ejercicio de sus competencias, una
vez desaparecido el estado de alarma. La falta de jurisprudencia y de criterios
limitadores a la hora de interpretar la variedad de leyes, provocan en los
ciudadanos inquietud al no saber a qué criterio o norma atenerse...
En definitiva, el COVID-19 ha puesto en duda seriamente la estructura
territorial del Estado creada por la Constitución vigente. Es cierto que, hasta
ahora, el “bichito” no ha conseguido destruirla del todo, pero sí le ha abierto
grietas que amenazan con echarla abajo; si, de una vez, no se toman medidas que
fortifiquen, no sólo la parte del edificio formado por el citado Título VIII,
sino que también va urgiendo una reforma en profundidad de todo el edificio
constitucional antes que la “erosión” lo haga inservible...
El otro fallo del que nos advierte el COVID-19 es el que tiene lugar en
el sistema económico y productivo. Se habla mucho del “nuevo orden” que regirá
las relaciones de los humanos entre sí y de éstos con la Naturaleza, una vez superada
la crisis causada por la pandemia. Pero todo parece indicar que el Capitalismo,
sobre todo en su versión más neoliberal, está “ojo avizor” para que la minoría,
que viene gozando de sus enormes beneficios y privilegios, siga disfrutándolos.
La falsa disyuntiva entre optar por la salud de los ciudadanos o por recuperar
la economía, y la elección de los grupos económicos y financieros por la
economía, así lo pone de manifiesto. Pero la realidad, aunque muy lentamente, evidencia
lo contrario: no habrá recuperación económica sin un control notable de la
pandemia. Si por recuperar la economía se entiende retornar a la situación de
crisis anterior a la pandemia, lo que haremos será retroceder. ¿Realmente se
puede creer que producir bienes de consumo “sin ton ni son” y con
“obsolescencia programada” es progreso? ¿Acaso es un sinsentido pensar que,
desoyendo a científicos y ecologistas, la explotación sin control de la
Naturaleza, impuesta por la “globalización” sin respetar los ecosistemas
naturales; que grandes concentraciones humanas, en pro de conseguir óptimos
resultados para unos, obligando a otros (los más) a convivir, hacinados, con la
pobreza y la falta de higiene, etc., no hayan sido los factores causantes de la
presente u otras pandemias anteriores?... ¿Sería sensato volver a tropezar en
la misma piedra?...
La realidad social, al contrario de los intereses de los influyentes
grupos financieros, viene imponiendo la necesidad de importantes cambios
estructurales que redunden en una más justa economía y bienestar social.
Resulta una vergüenza para la inteligencia humana que un invisible “bichito” haya
puesto de manifiesto la inutilidad de todo el arsenal armamentístico acumulado
para la defensa de los intereses y privilegios de los citados grupos...
El COVID-19, por si quedaban dudas, ha dejado patente que el bienestar
común, al que debe proyectarse toda
actividad humana, descansa primordialmente en el sector público, que no quiere
decir estatalistas y exclusivista de la iniciativa privada. La crisis actual es
la prueba más contundente de lo engañosa que es la opinión insuflada por el neoliberalismo, de
“cuanto menos Estado, mejor”. Además de hacernos ver la debilidad de nuestros
servicios sociales, gracias a la desinversión y recortes de los Gobiernos de
derecha, nos está indicando claramente que el futuro de nuestro bienestar de
vida estriba en fortalecer los tres pilares clásicos: Sanidad, Educación y
Servicios Sociales, y, dentro de estos últimos, se impone la conversión en el
Cuarto Pilar, que incluirá todos los servicios de ayuda a las familias como la
dependencia, la atención a la infancia y el cuidado de nuestros mayores, entre
los más interesantes... ¡Más efectivo y justo sería un sistema
financiero-productivo que tuviera como objetivo primordial la satisfacción de
esos cuatro pilares del bienestar social!...
Para terminar, resaltar nuestro “fallo patrio”, que es haber practicado
el monocultivo del turismo de “sol y playa”. Es cierto que la “industria
turístico-hotelera” aporta un 12% al PIB; pero ¿se tiene calculado el
porcentaje de beneficios que tal industria reporta a los operadores
extranjeros? ¿Han calculado nuestros gobernantes y empresarios cuánto sería el
montante de beneficios si utilizásemos nuestra “barata” energía solar y nuestro
extenso litoral para algo más que ennegrecer nuestra piel o “sembrarlo” de
enormes moles de ladrillos, perturbadores
del medio ambiente?
Aquí lo dejo...
