En mi escrito anterior me decantaba por la fórmula vigente, entre las
varias que la Constitución ordena y permite, para la elección y formación del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La considero más democrática y
ajustada al modelo constitucional; lo que no quiere decir que esté de acuerdo
con el “pasteleo” que el “bipartidismo” ha venido utilizando para repartirse la
tarta. Reparto que se hubiera seguido produciendo a pesar de sus continuas
críticas y, actualmente, por lo desajustado a la pluralidad social que hoy
representa el multipartidismo parlamentario. El WhatsApp del portavoz del PP en
el Senado ha supuesto sólo la guinda que culmina la tarta, y que ha puesto de
manifiesto, por su difusión, hasta qué nivel estaba subiendo la corrupción. Pero
que nadie se engañe; pues esa divulgación ha sido intencionada, ya que el
sector más conservador del PP no estaba de acuerdo con lo pactado con el Psoe.
Temía que la Presidencia del magistrado Marchena, aún siendo “de los suyos”, no
compensara suficientemente la diferencia de dos vocales en el grupo de
“progresistas” cedidos al Psoe. Falsa alarma; pues ya Marchena, aún siendo sólo
candidato a presidir la institución, tuvo ocasión de poner y quitar de la lista
de sus “teóricos” electores a aquellos/as que no eran de su cuerda.
Con la ruptura del pacto alcanzado el PP y su nuevo líder, Pablo Casado,
se confirma la sospecha de no querer mejorar el sistema de elección del CGPJ.
Es más, cuando afirma que la elección de
vocales del CGPJ por los jueces es el sistema que consagra la Constitución,
o miente o, una vez más, evidencia su ignorancia. Lo que no resulta extraño,
dada la rapidez con que este “privilegiado” saca sus títulos y másteres. Su
reforma nos transporta al pasado de la 1ª Ley Org. de 1980, superada por la
reforma de Julio de 1986, declarada por el Tribunal Constitucional totalmente
acorde con la Constitución, ante el recurso de inconstitucionalidad presentado
por su partido. La actual regulación consagra un sistema mixto, en el que,
según el catedrático Blanco Valdés, se
basa en tres principios esenciales: combinación entre propuesta corporativa y
designación parlamentaria; posibilidad de proponer, tanto por parte de las
asociaciones judiciales, como por parte de jueces y magistrados no asociados;
y, por último, autonomía procedimental para que cada asociación judicial
proceda a la elección de sus correspondientes candidatos (La Constitución de 1978. Alianza Edit.,
pág. 219).
La resolución de este reiterativo problema, lo más equilibrada posible,
es urgente, ya que el CGPJ, aparte de ser un órgano de gobierno de jueces y magistrados, que son los que
ostentan el “poder judicial”, preserva el ejercicio jurisdiccional de aquéllos,
y, con las funciones que la propia Constitución le atribuye, evita la
injerencia de otros poderes. No entiendo, si las cosas se hacen con buena
voluntad, la aversión a que el Parlamento, representante del pueblo del que
emanan todos los poderes, intervenga de alguna manera en la elección del
Consejo. Hay que destacar aquí que el “poder judicial” que ostentan jueces y
magistrados no es un auténtico poder, ya que los juzgadores en sus decisiones
judiciales no expresan su propia voluntad, como lo hacen el Legislativo y el
Ejecutivo, sino que están sometidos a las leyes que el Parlamento hace.. Es
absurdo que la “autonomía” que el art. 122.2 CE y su desarrollo en la Ley
Orgánica concede (nombramientos, ascensos inspección, etc.) al Consejo sea
convertida, por las malas prácticas, en fuente del desprestigio que nuestro
sistema judicial viene sufriendo. Sobre este tema mi admirado José A. Martín
Pallín, magistrado emérito del Supremo, con el título El Poder Judicial al borde del despeñadero (publico.es 28.11.18),
escribe un interesante artículo, con el que no estoy plenamente de acuerdo, sin
que ello menoscabe mi admiración por su pensamiento jurídico y político. Su
“fe” en la Judicatura y en el propio sistema judicial le hace afirmar que la capacidad real (del CGPJ) para incidir sobre la independencia de los
jueces y magistrados que ejercen la jurisdicción, es mínima o inexistente.
Por muy sometida que esté la actividad del Consejo al control jurisdiccional de
sus gobernados, y la de éstos a la Ley, es casi imposible que el Consejo, con
su capacidad de nombramientos, ascensos, etc. no caiga en algunos vicios de la
conformación “endogámica” del sistema.
Es la táctica de el palo y la zanahoria con que –son
sus propias palabras- con que Carlos Lesmes ejerce la Presidencia del
prolongado Consejo…
En cuanto a la manera de elección del Consejo, nuestro “emérito”, si
bien parece que opta por la fórmula vigente, sus reminiscencias corporativistas
salen a flote, cuando, aunque no del todo claro, defiende que sean los jueces y
magistrados quienes elijan a sus pares… No obstante, propone como fuerza regeneradora de un Consejo, en el que
los doce vocales judiciales fuesen elegidos por los jueces, entre jueces y
magistrados, con una fórmula electoral proporcional que evitase el sistema
mayoritario y que diese cabida….al pluralismo político y social del cuerpo
judicial esté reflejado en la Magistratura y en el Poder Judicial… Por mi
parte, no sé si será una total ignorancia técnica, propondría en una próxima
reforma de la Ley Orgánica, que para reunir los tres quintos de parlamentarios
no cuenten sólo los votos de los partidos mayoritarios, como hasta ahora, sino
que de ese porcentaje, para representar el pluralismo social, formen parte los
votos del resto de grupos parlamentarios en su debida proporción. El lógico que
para los jueces, cuya mayoría sigue siendo conservadora, la solución es volver
al anterior sistema, es decir, que los 12 vocales de extracción judicial sean
elegidos directamente por sus pares. Algo parecido aconseja, ante la
politización que padece la fórmula vigente, el Grupo de Estados contra la
Corrupción (GRECO). Pero es posible que este organismo esté poco y mal
informado de la cultura del “enchufismo y amiguismo”, de la que todavía adolece
el mundillo de la judicatura, insuflada en su ADN por los largos años de la
dictadura franquista. Los jueces no son ángeles por mucha liturgia y
parafernalia con que disimulen sus actuaciones. Cualquier ciudadano medio, aún
“laico” en Derecho, sabe distinguir muy bien los “intereses” que se esconden
tras el lenguaje leguleyo de muchas sentencias y autos, e igualmente sabe
captar los “tejemanejes” del Consejo en nombramientos, etc… Sólo algunos de los
últimos acontecimientos darían para escribir varios artículos. De hecho, ya lo han
hecho periodistas especializados.
¿No es un gran escándalo toda la “tramoya” puesta de manifiesto en el
WhatsApp del senador Cosidó? En cualquier país decentemente serio, ¿no habrían
dimitido o cesados, o incluso, imputados los responsables? ¿Acaso son
ejemplarizantes las decisiones sobre el pago del impuesto de las hipotecas o
sobre el máster de Casado, tomadas respectivamente nada menos que por las Salas
III y II del Tribunal Supremo? ¿No responde a amiguismo algunos de los últimos
nombramientos de jueces o magistrados? Pues en nuestra España, salvo alguna
tímida petición de dimisión de Jueces por la Democracia, o una huelga de la que
apenas se hacen eco los medios de información, “no paasha náaa”… Eso sí, cuando
desde la Justicia o Tribunales extranjeros no den el “toque”, muchos ondearán
sus enormes banderas, y gritarán, cada vez más fuerte, el ¡a por ellos…oé!...
No sólo no se ha producido dimisión o cese alguno, sino que con la
ruptura del ya famoso “pacto”, todo va a seguir igual o peor, y beneficiando
aún más a los mismos actores. Elisa Beni en su artículo Los beneficiados
(eldiario.es, 1-2-18) lo explica bastante bien. Me conformaré, pues, con
transmitir sus ideas, que asumo totalmente. La renuncia del magistrado Marchena
- bomba de humo y confeti la llama
Beni-, sólo le ha supuesto reservar su carrera mientras amaina el temporal, y
transportar los trastos de nuevo a la Sala II que juzgará el procés.
Otro gran beneficiado es Carlos Lesmes que seguirá presidiendo el CGPJ y
el Tribunal Supremo, cargos que hubiera tenido que dejar el pasado martes, y
desde donde, sin urgencia de tiempo, podrá continuar con los mismos vocales y
nombrando, como preveía Cosidó en su chat, los cientos de jueces y magistrados
en las distintas instancias judiciales.
Sobre todo, se beneficia el PP, que seguirá controlando por delante y
por detrás el “tinglado” en el que medran sus jueces afines. Y es que, como
dice la articulista, hasta cambiando el
sistema todos van a seguir ganando, porque
está demostrado que la elección de jueces por los jueces arrojará siempre
órganos de gobiernos mayoritariamente conservadores…
La única manera, creo, de para el deterioro de la Justicia y de evitar
que Carlos Lesmes siga mangoneando indefinidamente el cotarro, es que dimitan,
al menos los vocales “progresistas” del actual Consejo “prorrogado”, y que los
candidatos presentados por las asociaciones de jueces al Parlamento renuncien.
Pero, con Beni, no creo que lo hagan. Las
poltronas, las reverencias y los dineros pesan mucho… ¡Que luego no se
quejen los jueces y sus asociaciones que la ciudadanía no se solidarice con las
justas reclamaciones de sus huelgas!...
Y lo peor es que lo que tanto beneficia a los ya de por sí privilegiados,
más perjudica a los “robagallinas” referidos por Lesmes.
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